Control casi nulo: la “Ley de Tierras” viene lenta, se aceleran las compras de extranjeros y los acuerdos con países foráneos
14/05/2012 El marco exige relevamientos provinciales antes de fijar prohibiciones. Pero casi ningún distrito concretó la medición. Mientras tanto, continúan vendiéndose hectáreas. La polémica en torno a una normativa aún incumplida. Las nuevas incursiones de chinos y árabes para asegurarse agroalimentos  
El control de tierras no termina de arrancar y, a juzgar por lo que se observa del actual contexto, la falta de supervisión sigue ofreciendo muy buenas oportunidades para concretar negocios.
Habiendo transcurrido ya siete meses de su aprobación, la ley que busca regular la venta de tierra argentina a inversores de origen extranjero tiene una aplicación casi nula.

Esto se debe a cuestiones que van desde la demora en el relevamiento de propietarios foráneos hasta la falta de datos sobre la cantidad de establecimientos rurales operativos en cada distrito.
Es, precisamente, este bajo nivel de control lo que sigue alentando el traspaso de zonas estratégicas del país a inversores de otras latitudes.
El cuadro es similar al que afecta a la "Ley de Glaciares": el marco vinculado con el dominio de las tierras exige, antes de imponer un veto a las transacciones comerciales, un relevamiento provincial a fin de conocer qué superficie se encuentra en manos de propietarios externos.
Sucede que, de acuerdo a entidades como la Federación Agraria Argentina (FAA), prácticamenteninguna de las provincias sabe con certeza cuánto de su territorio es controlado hoy por foráneos.
Sólo después de realizar ese monitoreo, cada distrito tendrá con precisión las cifras de tierra "extranjerizada", y si los inversores superaron las 1.000 hectáreas del tope a la posesión que establece la ley.
En caso de haber excedido ese límite, el capital en cuestión se verá impedido de volver a comprar en la Argentina.
Pero el inconveniente que bloquea la aplicación de la "Ley de Tierras" reside en que, al día de hoy, menos de cinco provincias comenzaron con el relevamiento de propietarios.

Más aun, el resto de las jurisdicciones todavía no comunicó cuándo iniciará la medición.
De acuerdo con estimaciones de los bloques políticos, como la UCR, y a organizaciones como la ya mencionada FAA, a este ritmo, la recopilación de todos esos datos recién podría concluir afines del corriente año o en la primera parte de 2013.
El problema radica en que, mientras tanto, no existe una pauta legal que impida a los extranjeros seguir adquiriendo espacios en la Argentina. Y eso es, precisamente, lo que está sucediendo.
Libertad de ventas
"Chubut, Neuquén, Santa Cruz o Mendoza es donde se ha vuelto a ver interés por adquirir más hectáreas. Como no se empezaron los relevamientos, entonces existe una situación de ´libertad´ para vender", aseguró a iProfesional.com Omar Príncipe, presidente de la Comisión de Tierras de la FAA.
"Los operadores inmobiliarios conocen la situación y avanzan con las transacciones. En términos prácticos, es como si no tuviésemos ley alguna", agregó.
Pablo Orsolini, diputado nacional de la UCR por el Chaco y ex vicepresidente de la FAA, aportó un panorama similar.
"El relevamiento bloquea cualquier otra posibilidad de frenar una transacción. Lo que no se hizo fue prohibir la comercialización mientras dure esta medición. Hubiera sido lo correcto. Ahora tenemos casi un año de espera, y por eso es que se volvieron a cerrar operaciones con extranjeros. Sobre todo en áreas cordilleranas", afirmó a iProfesional.com.
En paralelo a estos acuerdos, Príncipe alertó sobre una modalidad que los inversores de otros países motorizan de forma cada vez más recurrente para asegurarse la riqueza argentina, sin que ello implique controlar tierras: los acuerdos con provincias o municipios para aportar innovación tecnológica a cambio de producción agraria.
Un ejemplo: hace escasas semanas, Gustavo Arrieta, ministro de Asuntos Agrarios de Daniel Scioli, confirmó que cerró un convenio con empresarios chinos para irrigar, en principio, 10.000 hectáreas de suelo bonaerense en los partidos sureños de Villarino y Patagones.
A cambio, los asiáticos tendrán prioridad para hacerse de los cereales allí producidos durante un extenso período de tiempo.
Dicho acuerdo mantiene características similares al polémico caso de Río Negro, que cedió la explotación de 330.000 hectáreas. Y a la negociación que hoy llevan adelante la provincia delChaco y Arabia Saudita con el fin de explotar 40.000 hectáreas de "El Impenetrable".
Una ley en "veremos"
"Como no hay avances en la vigencia de la ley hoy está todo liberado: así de simple. Las provincias, salvo casos especiales, todavía no giraron a la Nación los datos de presencia de tierras en poder de extranjeros. Por ende, no se sabe si la habilitación a las nuevas ventas viola o no la ley", sostuvo a iProfesional.com Príncipe, de la FAA.
Según pudo constatar este medio, desde que está vigente el nuevo marco sólo el gobierno de La Pampa entregó información actualizada sobre el tema, donde detalló que unas 140.000 hectáreas están en manos foráneas en dicha provincia.
Sin embargo, los resultados del monitoreo despertaron duras críticas en el escenario pampeano por parte sectores políticos y periodísticos quienes, cada uno a su turno, adujeron "falta de transparencia, tanto en la forma en que se llevó a cabo el monitoreo como en sus resultados finales".
Además de La Pampa, tan sólo Entre Ríos y Corrientes hicieron explícita la decisión decomenzar a reunir datos sobre la presencia de capitalistas extranjeros en sus respectivos territorios.
Mendoza es otro distrito que se comprometió a avanzar en la misma dirección, aunque sería una de las jurisdicciones que recién completará el relevamiento para diciembre de este año.
De acuerdo con fuentes locales, mientras la implementación de la norma aún está lejos de ser convertirse en realidad, los inversores del exterior siguen comprando en esa provincia, sobre todo en sectores del Valle de Uco, con el objetivo de concretar proyectos agrícolas e inmobiliarios.
"Es casi un hecho que Mendoza no podrá cumplir con uno de los puntos incluidos en la reglamentación de la ley, que se concretó el 29 de febrero de este año. Es el que marca que en 60 días -los que se alcanzaron a fines de abril- las provincias deben comunicar a la autoridad de aplicación la superficie total, sus departamentos, municipios, divisiones políticas equivalentes, discriminando las correspondientes a tierras rurales y urbanas. Además tienen que informar latotalidad de predios rurales de titularidad de personas físicas o jurídicas extranjeras", destaca un periódico local.
En cuanto a la realidad mendocina, el titular de la Dirección de Catastro durante la gestión de Celso Jaque, Juan Carlos Varela, aseguró que el 3% del territorio de esa provincia está en manos de foráneos, aunque aclaró que la cifra no incluye a las sociedades anónimas, que pueden tener un director argentino pero contar con inversores extranjeros.
Una de las primeras compras de grandes extensiones de tierra en Mendoza la concretó el grupo anglo-malayo Walbrook, que adquirió 250.000 hectáreas en Malargüe, es decir el 3,5% de la superficie total del departamento, donde desarrolló emprendimientos turísticos bajo el nombre de la firma Nieves de Mendoza SA.
"Hasta tanto no se sepa cuánto se vendió, será imposible fijar un límite a la compra. De hecho, ni siquiera el Gobierno nacional tiene en claro cuánto controlan los extranjeros", expresó Orsolini.
En concreto, el oficialismo estima que el número de hectáreas bajo dominio foráneo no supera las 17 millones. 
E
n cambio, la Federación Agraria Argentina, desde hace al menos dos años, alerta que el capital internacional posee en el país más de 30 millones de hectáreas.
"El hecho de que no se hayan suspendido las ventas, hasta tanto se conozcan los resultados del relevamiento, habla de un aspecto desprolijo de la ley. Lamentablemente, todo hace suponer que con este impasse lo que se buscó es permitir, al menos, un año más de negocios", dijo Orsolini.
Los nuevos acuerdos
En paralelo a esta situación, Omar Príncipe, de FAA, puso el foco en los pactos que gobiernos o empresarios de países extranjeros concretaron, o buscan cerrar, con provincias argentinas ricas en recursos naturales.
"Los territorios agropecuarios están siendo vistos por grupos económicos que impulsan algún tipo de asociación para así obtener el control futuro de recursos naturales", aseveró el dirigente.
Y puso el ejemplo ya mencionado de la provincia de Buenos Aires y el convenio para que empresarios del gigante asiático irriguen, en principio, alrededor de 10.000 hectáreas, una iniciativa similar a la descripta en el caso de Río Negro.
Así, los chinos pondrán el dinero necesario para llevar riego a algunos campos -que continuarían en manos de sus propietarios-, y recuperarán la inversión, teniendo prioridad para la adquisición de los cereales allí producidos durante un extenso periodo de tiempo.
En los casos de Patagones y de Villarino, el agua para riego se tomará del caudaloso río Negro y del río Colorado, respectivamente. 
"Todo hace prever que se buscarán firmar más convenios con provincias ricas en recursos naturales. Catamarca, San Juan, Mendoza, van en esa sintonía. Con estos acuerdos los extranjeros se aseguran producción sin necesidad de tener la titularidad de la tierra. Es lafigura que se viene tras la reglamentación de la ley", sostuvo Príncipe.
Como un reflejo de estas palabras, los acuerdos que menciona el dirigente comenzaron a ganar presencia en la Argentina desde mediados del año pasado a esta parte.
En agosto del 2011, la firma estatal china Heilongjiang Beidahuang State Farms Business Trade Group oficializó el inicio de un proyecto de producción de cereales y alimentos en Río Negro. La inversión comprometida: u$s1.500 millones.
La propuesta, enfocada a una superficie total de 330.000 hectáreas, comprendía la realización de obras de infraestructura e ingeniería de riego por parte de técnicos chinos.
A cambio, los asiáticos "tendrían" exclusividad de compra de lo que se produzca en ese espaciopor 20 años.
¿Por qué en potencial? Porque la resistencia de organizaciones ambientalistas colocó una pausa a esta propuesta, que deberá resolverse en los próximos meses.
En tanto, Chaco recibirá u$s400 millones de un fondo de Arabia Saudita. La cifra llega de la mano de un acuerdo rubricado entre su gobernador, Jorge Capitanich, y una firma liderada por el sheik Mohamed Alkhorayef.
Capitanich informó que destinará esos fondos al desarrollo de tierras en "El Impenetrable", lapostergada región del oeste de la provincia, donde habitan 60.000 personas, en su mayor parteaborígenes. A la vez que aclaró que estas tierras son propiedad del Estado provincial y permanecerán bajo su dominio.
El Grupo Alkhorayef es un poderoso conglomerado saudí con fuertes intereses en laagroindustria global. Además de producir, industrializar y distribuir alimentos en Arabia Saudita, opera en distintos países, como Ucrania, Cuba, Panamá y Venezuela.
El plan para Chaco consiste en una serie de obras que involucran al cauce del río Bermejo. La idea es regular el caudal y conducir el agua hacia el sur, de modo de dotar de riego a 30.000 hectáreas en una primera etapa, y luego a otras 60.000.
El proyecto total alcanza a 200.000 hectáreas. Parte de las obras espera financiamiento del Fondo de Infraestructura Nacional, pero el objetivo es canalizar los recursos árabes a fortalecer el paquete financiero que requiere este ambicioso desarrollo.
Se espera que gran parte de lo producido en las nuevas tierras explotadas sea comprado por los empresarios saudíes.